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Con esta entrada doy mi apoyo a la operación wertdeenlaces.net, creada por la comunidad Hactivistas.net con el objetivo de poner en evidencia lo que implica la «ley Sinde-Wert»: «es una manera clara de poner de manifiesto los clarísimos y evidentes problemas de una ley que se salta todos los principios básicos de tutela judicial efectiva y de separación de poderes»
La acción es similar a la conocida «La lista de Sinde«, de finales de 2009. Ambas entrarían en lo que se podría considerar desobediencia civil, uno de los pocos medios no-violentos que nos quedan a los ciudadanos para denunciar leyes y normas injustas cuando los legisladores se empeñan en aprobarlas. Wertdeenlaces consiste en lo siguiente:
Se ha elegido una obra con Copyright© de un socio de la SGAE. Animamos a todas a que participen en esta acción: consiste en enlazar o usar su obra sin su permiso y acceder a ser denunciadas por el creador ante la comisión del ministerio de cultura encargada sin proceso judicial de tramitar las denuncias de la llamada Ley Sinde-Wert. A partir del 1 de marzo (día en el que entra en vigor la aplicación de dicha ley) el autor, seguramente molesto en algún momento, nos presentará una denuncia a todas las páginas que hemos enlazado su obra :)
La canción es una creación del artista Eme Navarro, de quien podrás encontrar más información en su web, o siguiéndolo por Twitter (@emenavarro), y que ya escribió una interesante carta abierta al nuevo ministro de cultura.
Más información en el FAQ de la iniciativa, en su grupo de N-1. En el wiki de hacktivistas. En la página de Enrique Dans, que también se une a la iniciativa y la comenta para la prensa. O en la noticia publicada en Menéame y en Barrapunto (también sobre la Lista de Sinde y su entrega)
El mes pasado el Consejo Europeo aprobó, a escondidas, la firma de ACTA. Hoy, el embajador español, como representante de nuestro país y junto a los embajadores de otros 21 países europeos y de la propia UE, ha firmado ACTA en una ceremonia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.
Los firmantes son, además de España y la UE: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino Unido; es decir, todos los embajadores de países de la UE en Tokio, salvo Alemania, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Holanda.
Otros países, como Australia, Canadá, Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y EE.UU., ya firmaron el Acuerdo a finales de 2011.
No ha habido demasiada repercusión ya que, como es costumbre con ACTA, no ha abundado la información. En Austria han protestado los activistas de Anonymous, y en Polonia han salido a la calle contra el acuerdo.
La semana pasada, en una reunión del Consejo Europeo sobre asuntos de agricultura y pesca, sin que ni siquiera apareciera en la agenda del día (días 15 y 16 de diciembre de 2011), como penúltimo punto en la última página de su comunicado (PDF, enlace en el apartado «Agriculture and Fisheries» en la reunión 3137 del Consejo, del 15/12/2011), donde podemos leer lo siguiente:
Anti-counterfeiting trade agreement
The Council adopted a decision authorising the signing of an anti-counterfeiting trade agreement (ACTA) with Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States.
ACTA is aimed at establishing an international framework to improve the enforcement of intellectual property right laws and create improved international standards for actions against large-scale infringements of intellectual property. Negotiations were concluded in November 2010.
Ayer se inició en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU (el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados) el debate para la votación de la Stop Online Piracy Act (SOPA), que concluirá hoy, previsiblemente con su aprobación. El proyecto que están votando, junto a la Protect IP Act (PIPA), son probablemente las amenazas más graves que se hayan dado jamás a una Internet libre y sin censuras, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.
Probablemente nadie mejor que Mafalda para explicar los problemas de la SOPA, en esta excelente infografía. Básicamente, bastará con que un sitio sea denunciado (no juzgado ni condenado) para que deba bloquearse el acceso a cualquier nivel (DNS, hosting, etc.), para que se bloquee la publicidad y los servicios financieros (¿alguien dijo Wikileaks?), y para que deban eliminarse todos los enlaces hacia ese sitio. Al mejor estilo de la «ley Sinde» se actúa antes de una resolución judicial y se criminaliza el simple hecho de enlazar, pero dan una nueva vuelta de tuerca, el problema no serán los enlaces hacia contenidos supuestamente vulneradores de copyright, sino que cualquier enlace o cualquier acceso hacia un sitio sospechoso estará fuera de la ley.
Servicios como TOR o proxies anonimizadores, pensados para evitar la censura y que no implementan la posibilidad de bloquear el acceso a un sitio, pueden acabar ilegalizados. Google o la Wikipedia deberán retirar cualquier enlace a un sitio sólo porque ha sido denunciado, o se arriesgan a ser asfixiados financieramente… ¿Y tú, tienes enlaces en tu blog a algún sitio en el que alguien haya colgado un enlace a una película? ¿Tienes publicidad? ¿Usas Paypal?
El problema con la «ley Sinde» no son las descargas. Que no vengan con mierda, nunca han sido las descargas, eso no es lo indignante, ni siquiera las van a impedir. A pesar de las leyes abusivas y del uso de la justicia como arma de intimidación masiva, se sigue descargando en Francia, en EE.UU. o donde sea. Y se seguirá descargando aquí, le pese a quien le pese, eso lo sabemos todos.
No, no se trata de las descargas. Se trata de otras cosas…
Se trata de que van a sancionar lo que no es ilegal, y sigue sin serlo tras la aprobación de esta ley, aunque para ello tengan que saltarse las garantías que ofrece un proceso judicial, a las que tenemos derecho todos los ciudadanos. «No importa que no vulneres la ley, si nos interesa vamos a sancionarte».
Se trata de que aprueban leyes represivas, que limitan las libertades y vulneran los derechos de los ciudadanos, con el único objetivo de favorecer intereses económicos. ¿A alguien le suena eso? Porque está pasando muy a menudo últimamente.
Se trata del agravio comparativo, de la urgencia en resolver un supuesto perjuicio exclusivamente económico mientras casos con delitos mucho más graves languidecen olvidados en los pasillos de un juzgado. Si violan a tu hija tendrá que esperar meses, en el mejor de los casos, hasta que los tribunales resuelvan algo, mientras los interesados en un simple caso de propiedad intelectual pasan por encima de ella para obtener resultados en pocos días… porque alguien ha puesto enlaces.
«La Lista de Sinde» es una campaña en respuesta a la intención del Gobierno Español de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura con potestad para cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha entregado ya al Ministerio de Cultura una lista de 200 webs que según su criterio deberían ser censuradas inmediatamente…
«La Lista de Sinde» recoge un listado de las páginas web que se han ido «autoinculpando» de intercambiar cultura libremente mediante la integración de un buscador de descargas. Nuestro objetivo es responder con esta nueva lista de otras 200, 2.000 o 20.000 páginas web que el Gobierno debería también censurar por la misma razón: compartir cultura. Hasta ahora, los jueces siempre nos han dado la razón, pero si el Gobierno consigue poder cerrar y bloquear webs sin una orden judicial previa, tendrá que ir también a por todas las nuestras. ¡Ahora la Red actúa, únete!
Hemos empezado diciembre con una serie de noticias en los medios de comunicación, todas ellas el mismo día, y todas ellas sobre temas muy cercanos entre sí.
Si obviamos las noticias satélite, casualmente aparecidas a la vez, lo que nos queda es esto: El Gobierno permite que se corten servicios de Internet por la ‘piratería’ (en portada en Barrapunto). A pesar de lo «asustante» ya ha quedado claro que no se trata de cortar el acceso a internautas, sino de cerrar páginas web, aunque tampoco es mucho menos asustante, la verdad.
Lo que han hecho es incluir, en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, medidas para proteger derechos de propiedad intelectual. Este es el texto completo, en PDF, del anteproyecto, por si a alguien le interesa. Las medidas mencionadas están en las Disposiciones Finales, en la primera de ellas (página 95 del PDF). Modifican la LPI (Ley de Propiedad Intelectual) y la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), y básicamente es lo que comentan en la prensa, aunque destaco alguna cosilla especialmente relevante, en mi opinión:
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Vía Barrapunto.
Por favor, si estás de acuerdo con este texto, publícalo en tu blog, cópialo, imprímelo, o ayuda a su difusión de la forma que prefieras.
Llevamos unos días viendo en todos los medios que el Parlamento Europeo ha aceptado que se pueda desconectar a los internautas sin intervención judicial, refrendando de alguna manera leyes como la HADOPI francesa (referencias: El País, El Mundo, Público, El Economista, por ejemplo, aunque en cualquier otro medio son similares), y que sólo queda su ratificación, prevista en el Parlamento la semana que viene. Bueno, he estado buscando algo de información sobre el tema y, por lo que he visto, parece que no es exactamente así. A ver si puedo aclarar un poco lo que está pasando, si es que yo mismo no me he liado, por supuesto, que no soy ningún experto en legislación ni en trámites parlamentarios. Agradecería enormemente cualquier corrección, por descontado.
Lo que van a votar, y también a debatir, la semana que viene en el Parlamento Europeo es el famoso paquete Telecom, la reforma de las telecomunicaciones que lleva tanto tiempo dando guerra en la UE. Sí, la misma con la que intentan atacar la neutralidad en la Red. Un par de referencias que resumen un poco el tema.
Antes que nada: todas, absolutamente todas, las descargas en Internet tienen como finalidad y como resultado inmediatos la creación de una copia para quien realiza esa descarga. Cuando ese usuario es un particular y el destino de esa copia es el uso personal sin ánimo de lucro, la descarga se corresponde exactamente con una «copia privada» … ¿o no? (luego vuelvo con esto).
Aviso: esta entrada tiene una longitud considerable. Aunque en realidad sólo tardarás unos minutos en leerla, y además algunas partes ya las conocerás y puedes saltártelas tranquilamente. Creo que es necesario revisar lo que ha estado sucediendo para poder sacar conclusiones.
En los últimos meses están apareciendo una serie de noticias sobre las intenciones del gobierno de controlar «la circulación de contenidos en Internet». Con la excusa de lo que ellos llaman «piratería» (a pesar del término, parece que se refieren a las descargas en Internet, nada que ver con esos señores que asaltan barcos en Somalia), y ante la presión de la industria audiovisual, están preparando medidas «antipopulares».
Quiero hacer una recopilación de lo sucedido, por dos motivos: tratar de poner las cosas en perspectiva, de aclarar un poco tantas noticias (muchas veces confusas y/o contradictorias), dejando referencias para quien quiera más información y recordando argumentos que a veces se olvidan. El otro motivo es dejar constancia de algo que muchos políticos no entienden: en Internet las noticias permanecen. No es como la radio y la TV, donde lo que se dijo ayer se olvida para dejar paso a lo de hoy, aquí es posible saber lo que ha ocurrido, simplemente hay que buscar un poco.
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Historias del bardo 