Hemos empezado diciembre con una serie de noticias en los medios de comunicación, todas ellas el mismo día, y todas ellas sobre temas muy cercanos entre sí.

Si obviamos las noticias satélite, casualmente aparecidas a la vez, lo que nos queda es esto: El Gobierno permite que se corten servicios de Internet por la ‘piratería’ (en portada en Barrapunto). A pesar de lo “asustante” ya ha quedado claro que no se trata de cortar el acceso a internautas, sino de cerrar páginas web, aunque tampoco es mucho menos asustante, la verdad.

Lo que han hecho es incluir, en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, medidas para proteger derechos de propiedad intelectual. Este es el texto completo, en PDF, del anteproyecto, por si a alguien le interesa. Las medidas mencionadas están en las Disposiciones Finales, en la primera de ellas (página 95 del PDF). Modifican la LPI (Ley de Propiedad Intelectual) y la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), y básicamente es lo que comentan en la prensa, aunque destaco alguna cosilla especialmente relevante, en mi opinión:


Se introduce en el artículo 8.1 de la LSSI, como principio que permite interrumpir el servicio: La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, poniéndola al mismo nivel que cuestiones como la seguridad pública, la defensa nacional, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, o la protección de la juventud y la infancia, por ejemplo.

En cualquier caso, al incluirse en la LSSI sólo podrá aplicarse a “prestadores de servicios de la sociedad de la información”, lo que incluye a páginas web, pero no a usuarios de Internet. Sigo extrayendo (negritas mías):

[…] con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.

Bueno, aquí va la “protección de datos”. Así se modifican las leyes cuando conviene saltarse derechos.

El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información

Esta modificación y la siguiente van en la LPI, no en la LSSI, lo que permitiría que, en el futuro, pudieran alterarse permitiendo su aplicación a cualquier usuario, no sólo a páginas web.

Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

La última parte es la nueva, ya existía una Comisión Mediadora y Arbitral (art.158 LPI), lo que han hecho es aprovecharla para darle esa nueva función, y ya tenemos “Autoridad Administrativa”.

¿Alguien recuerda el infame artículo 17bis en la LISI? Aquel que permitía que una entidad administrativa dependiente de las gestoras de derechos pudiera cerrar páginas web. Aquel que no tuvieron más remedio que retirar. Pues de eso hablamos, intentan volver con algo similar, un organismo no judicial con atribuciones para cerrar webs.

¿Y quién compondrá esa Comisión, cómo actuará, cuales serán los procedimientos? Bueno, parece que eso prefieren establecerlo administrativamente también, con un reglamento, sin especificarlo en la Ley. Así evitan que el parlamento meta las narices:

Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

Para terminar, esto no podía faltar, así queda todo preparado para futuras modificaciones en otras leyes:

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles o penales que, en su caso, pudieran corresponder a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Quizá alguien se pregunte porqué esa fijación con las acciones “administrativas”, los procedimientos no judiciales, y demás cuestiones parecidas. A fin de cuentas, si ponen algo fuera de la ley, ¿qué más da quién lo sancione?

Lo cierto es que no da lo mismo, estos temas son muy complejos y se entremezclan muchos derechos. La Copia Privada, los enlaces en Internet, las descargas y el p2p, son cuestiones que entran en el ámbito de lo privado, entre usuarios (y siempre sin ánimo de lucro, por supuesto), con los enlaces por un lado y los contenidos por otro, con esos contenidos obtenidos en fragmentos procedentes de distintas fuentes, dificultando enormemente las responsabilidades que quieran aplicar.

Además, tampoco quieren eliminar la Copia Privada, ya que perderían el canon compensatorio, y deben respetar la inviolabilidad de las comunicaciones y otros derechos. Un juez no permitiría restringir esos derechos sin indicios más o menos claros de que hay delito, y tampoco aplicaría sanciones sin aclarar las responsabilidades. Mucho menos si además, en la ley, se permite explicitamente la copia privada entre particulares, cuestión que afecta a quien descarga, a quien comparte y a quien enlaza, que está posibilitando algo que una ley protege.

Pongo como ejemplo una noticia de hace algún tiempo: en Dinamarca se permite obtener los datos personales de los usuarios que descargan contenidos, a partir de su IP. Pero dicen los jueces que nanay, que eso identifica al titular de la línea, no al que efectivamente hace la descarga, así que no hay condenas. Lógico, ¿verdad? Pero muy inconveniente para las discográficas.

Una entidad administrativa no tiene porqué entrar en esas disquisiciones, pone la sanción correspondiente y fuera. Mucho más practico para algunos. Si luego alguien quiere recurrir, bueno, que lo haga, son años y gastos sólo para reabrir una página, y en cuanto cambie algo se la volvemos a cerrar.

En resumen: un juez no se atiene sólo a la Ley de Propiedad Intelectual (por ejemplo), sino al conjunto de todas las leyes, incluyendo las que protegen los derechos del acusado, y está atado por procedimientos que le impiden saltárselas, como el derecho a la defensa. Una “Comisión Administrativa” aplica su reglamento y punto. No entra en otras cuestiones legales ni es asunto suyo saber si algo en ese reglamento no se ajusta a la legalidad. Que lo denuncie otro.

La diferencia es bastante clara, si alguien quiere sancionar a toda costa, aunque sea por algo que no es ilegal, ¿que sistema escogería?

Otra cuestión significativa, a mi entender, es la relacionada con el paquete Telecom, hace poco aprobado en el Parlamento Europeo. Supongo que ya es obvio que si la enmienda 138 hubiera mencionado un proceso judicial previo, se habrían impedido estas modificaciones legales. Así es como nos afecta lo que aprueban en Europa, pero eso no es lo llamativo ahora.

Lo más curioso es que nuestro gobierno llevaba tiempo preparando unas medidas que, en teoría, no hubiera podido aprobar, ya que la anterior redacción de esa enmienda las hubiera imposibilitado. Que suerte, que en el Parlamento Europeo pactaran la enmienda con el Consejo tal y como les venía bien, y justo a tiempo. Cualquiera diría que el ejecutivo de los países miembros tiene influencia en el legislativo de la UE. Este tipo de cosas refuerzan mi fe en la Democracia.

Volviendo a la Ley de Economía Sostenible, y para terminar: la inclusión de esta disposición final, en una ley que no trata de absolutamente nada relacionado con la propiedad intelectual, es algo vergonzoso. Tan vergonzoso como cualquiera de las ambigüedades legales a las que nos tienen ya acostumbrados. Mal sistema es éste, si permite que los gobernantes legislen (sí, esas palabras son las adecuadas) contra los intereses del pueblo que los elige a base de trampas, trucos y engaños.

Eso sí, la economía de las multinacionales del entretenimiento será de lo más sostenible. Por las buenas o por las malas.

Actualización 2009-12-02 21:28 CET: Un par de enlaces muy recomendables sobre el tema:
Entrevista a David Bravo en 20minutos, aclarando dudas a internautas.
Sinergia sin control: Están intentando vendernos al mejor postor…, también aclarando dudas, y con humor

Actualización 2009-12-03 13:22 CET: A última hora de ayer el gobierno ha hecho algunas declaraciones y ha convocado una reunión con algunos representantes de los Internautas. El motivo ha sido el abrumador éxito del manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”, supongo que tratan de reducir pérdidas lo antes posible, ya que no siempre han considerado necesarias estas reuniones.

Entre otras cosas, el comunicado del Ministerio de Cultura menciona que “La Comisión no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red y no realizará labor de inspección preventiva alguna, ya que sólo actuará a instancia de parte, cuando un titular de derechos o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras en Internet se está realizando sin licencia ni autorización”. Casi peor me lo ponen, la verdad.

También dicen que su intención es reducir el “menoscabo económico” que causa a la industria la “vulneración de los derechos de propiedad intelectual”. Esa vulneración causa la “desaparición de empresas y la destrucción de puestos de trabajo” y supone una “competencia desleal”.

En otra noticia comentan que la Coalición de Creadores considera adecuadas las medidas recogidas en el anteproyecto. Promusicae, en cambio, opina que son “insuficientes” y las considera “sólo un primer paso”. En REDTEL, por ahora, no saben no contestan.

A estas horas parece que ya ha terminado la reunión, aunque la ministra ya hace un buen rato que la abandonó. Por lo que veo, mala sensación por parte de los reunidos. Se quejan de la poca voluntad de dialogo por parte de los representantes del ministerio, que no quieren tocar el anteproyecto y sólo parecen querer discutir sobre el reglamento que regirá esa Comisión, para el que dicen que contarán con la opinión de los internautas.

Ese empeño en centrarse sólo en el reglamento me parece realmente peligroso. No se trata sólo de querer aprobar esta Ley de Economía Sostenible tal y como está, sin dialogar sobre ella, es que además siguen demostrando su voluntad de hacer las cosas administrativamente. Un “acuerdo” para este reglamento no vale nada, ya están demostrando lo fácil que es modificar leyes a su antojo y “de tapadillo”, en otras leyes con las que no hay relación. Pues mucho más fácil es hacerlo con un reglamento, que puede ser creado y alterado por el ejecutivo sin contar con el Parlamento, en cualquier momento, sin darle publicidad y de la forma que mejor les venga.

Y desde luego es significativo que quieran controlar esa Comisión, con los poderes que pretenden otorgarle, y la capacidad de actuar al margen de jueces, con un reglamento que también puede establecerse al margen del Parlamento.

Actualización 2009-12-05 21:36 CET: Las conclusiones sobre la reunión con la ministra, según nos cuentan ya en frío, son bastante coincidentes, salvo en el caso de uno de los asistentes, que la valora de forma extrañamente distinta. A pesar de esa valoración tan positiva la reunión urgente no aclaró mucho, así que tuvieron que empezar a soltar lastre. El primero fue el ministro de Justicia, aunque su “solución” me parece terriblemente peligrosa. Cito (negritas mías):

Caamaño cree que es compatible que la citada Comisión inste al cierre de las páginas o portales que se apropien de los contenidos de otros en Internet, cometiendo así un acto ilícito, y que posteriormente se ponga esa decisión en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte las medidas necesarias en defensa de los derechos legítimos de los ciudadanos.

En otras palabras: “la Comisión que haga de policía, que cierre las páginas esas de forma cautelar, que ya las juzgaremos cuando tengamos un rato, para aclarar si de verdad estaban haciendo algo ilegal”. Sin comentarios.

Más tarde fue el propio Presidente del Gobierno quien acabó desautorizando a la ministra de Cultura. Perdón, me equivoco, en realidad parece que no ha sido desautorizada, lo que pasa es que ya no van a cerrar ninguna web, como decía la ministra

Las manifestaciones contra esa ley, convocadas para el viernes día 4 de diciembre, tuvieron que desconvocarse, ya que no hubo tiempo de obtener el permiso de Interior. En el enlace anterior aparece también algo muy interesante, por si alguien no entiende todavía quién legisla en España:

[…] en un restaurante madrileño cenaban dos comparsas bien distintas. En una mesa departían alegremente destacados representantes de la Coalición de Creadores; y en otra, a pocos metros, lo hacía un internauta convocado por Ángeles González-Sinde a la mañana siguiente por el conflicto de la «ley antipiratería», que nos lo cuenta. La nocturnidad y alevosía del instante hizo que en un momento de la conversación uno de los Creadores dijera bien alto:«¡Se la hemos metido por toda la escuadra al Ministerio de Cultura!».

No sólo a Cultura, en realidad, porque parece que ya han desatado la guerra desinformativa. En medios de información habían tratado el tema con una objetividad bastante sorprendente, respecto a lo que estamos acostumbrados, pero ya empiezan a presentarlo como una simple protesta por las descargas gratis, obviando el hecho de que el gobierno está intentando “puentear” al poder judicial, creando una autoridad administrativa con acceso a datos personales, con capacidad de imponer sanciones por motivos que los jueces han rechazado en muchas ocasiones, y poniendo la defensa de la propiedad intelectual a la altura de la salvaguarda del orden público, de la defensa nacional o la protección de la salud pública y de la infancia.

Más información, aclarando el tema mucho mejor que yo, por Carlos Sánchez Almeida, por David Maeztu, y otra entrevista a David Bravo.

¡Ah! La última hora, para quien todavía no tenga claro cómo funcionan las cosas: Industria sanciona con 36.000 € a una web de descargas por incumplir la LSSI, a instancias de las entidades de gestión. Y lo mejor: ya tienen preparadas doscientas más.

Estos son los que iban a contar con los jueces.

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