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La policía quiere crear una “alianza de seguridades” con las empresas de seguridad privada, referida básicamente al intercambio de información y bajo el principio de reciprocidad. Esto significa que las compañías que más colaboren tendrán derecho a obtener más información pública, aunque no han especificado qué datos concretamente. En todo caso, según el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, las empresas no tendrán acceso a datos de carácter personal de los ciudadanos ni a investigaciones policiales abiertas o judicializadas.

¿Qué podrán saber, entonces, estas compañías?

El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales. Preguntado sobre si esto no supone la cesión de un dato personal, el comisario Gándara considera que se trata solo de “confirmar” una información.

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Llevamos unos días viendo en todos los medios que el Parlamento Europeo ha aceptado que se pueda desconectar a los internautas sin intervención judicial, refrendando de alguna manera leyes como la HADOPI francesa (referencias: El País, El Mundo, Público, El Economista, por ejemplo, aunque en cualquier otro medio son similares), y que sólo queda su ratificación, prevista en el Parlamento la semana que viene. Bueno, he estado buscando algo de información sobre el tema y, por lo que he visto, parece que no es exactamente así. A ver si puedo aclarar un poco lo que está pasando, si es que yo mismo no me he liado, por supuesto, que no soy ningún experto en legislación ni en trámites parlamentarios. Agradecería enormemente cualquier corrección, por descontado.

Lo que van a votar, y también a debatir, la semana que viene en el Parlamento Europeo es el famoso paquete Telecom, la reforma de las telecomunicaciones que lleva tanto tiempo dando guerra en la UE. Sí, la misma con la que intentan atacar la neutralidad en la Red. Un par de referencias que resumen un poco el tema.

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Algo de información sobre el “Informe” aprobado en el Parlamento de la UE el 26 de Marzo de 2009.

Lo que se ha aprobado es una Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo (P6_TA(2009)0194), no es vinculante, simplemente “invita a los países miembros a que tomen una determinada línea de actuación”. Esta Recomendación está basada en un Informe presentado por Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009). Es bastante interesante, hace mucho hincapié en la protección de los derechos de los usuarios y en la libertad de expresión, y menciona también la necesidad de dialogo con organizaciones de usuarios, aunque mis conclusiones (al final las expongo) no son muy positivas. Cito alguna de las consideraciones (negritas mías):

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Veo en bandaancha que el principal ISP francés, Orange, secundado por los alternativos, protesta por las dificultades técnicas que plantea dejar sin Internet a un usuario que aún tendrá derecho a utilizar el teléfono y la TV de pago. Orange estima que adaptar su infraestructura a los requisitos de la respuesta gradual costará 13 millones de euros al año. SFR lo cifra en 10 millones. El total para los cuatro principales operadores será de 40 millones de euros anuales. Teniendo en cuenta que en Francia hay 17,1 millones de clientes de acceso a Internet, el coste será de 2,33 euros al año por conexión.

En ABC dicen que unos 10.000 internautas podrían recibir cada día en Francia advertencias de que serán sancionados si no dejan de descargar ilegalmente de internet. La ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, fue la que avanzó hoy esta cifra, y se mostró convencida de que estas amenazas de sanción tendrán un efecto disuasorio que evitará en la gran mayoría de los casos llegar a suspender la conexión a internet.

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