Se ha hablado mucho del abaratamiento del despido, en la reciente reforma laboral, quizá dejando un poco de lado otras cuestiones incluidas que también son muy relevantes, como la desvinculación del convenio colectivo o la consideración de las ETTs como prestadoras de un servicio público. Creo que sería interesante, y útil ante la inminente huelga, detallar brevemente esas cuestiones para dar oportunidad de buscar más información o comentarlas, si alguien está interesado.

Recapitulando la reforma: se aprobó por la vía rápida, mediante Decreto Ley del gobierno el 16 de junio de este año. Este Decreto Ley fué convalidado por el Parlamento con los votos a favor del PSOE y la abstención de casi toda la oposición, salvo ocho votos en contra.

Se acordó también, por unanimidad, tramitar la reforma como Proyecto de Ley durante el verano. Tras su paso por ambas cámaras se aprobó definitivamente el pasado 9 de septiembre, con los votos a favor del PSOE, la abstención del PNV y los votos en contra del resto de grupos. Los titulares se centraron, básicamente, en el abaratamiento del despido y el mayor control sobre los parados.

Anteriormente las centrales sindicales y la patronal no habían conseguido llegar a un acuerdo para la reforma laboral, en unas negociaciones que duraban ya dos años, por lo que el gobierno decidió excluirles en la preparación del Decreto Ley. Cuando los sindicatos conocieron el borrador de la reforma amenazaron con convocar una huelga general, convocatoria que finalmente realizaron.

El rechazo de los sindicatos se basa en la consideración de la reforma como una regresión en los derechos de los trabajadores. Opinan que no servirá para crear empleo y sí para despedir “más y más barato”, y cuestionan al ejecutivo por romper sus promesas de respeto a los derechos de los trabajadores.

La patronal también rechazó la reforma laboral, considerando que no servirá para crear empleo y que es insuficiente, aunque tampoco apoya la huelga general.

Comento algunos de los puntos importantes de la reforma, extraidos de unos cuantos enlaces de entre los primeros resultados en las búsquedas, además de los enlaces anteriores:

Suspensión de vigencia del convenio laboral, el “descuelgue”. La reforma abrió la posibilidad de que empresa y trabajadores acordasen que, debido a la situación de crisis, no se aplicase el régimen salarial previsto por el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, como los sectoriales o los del ramo. Además, si el convenio lo permite, faculta al empresario a solicitar un arbitro que solvente los desacuerdos, quedando los trabajadores obligados a su decisión.

Una de las cuestiones más importantes de la reforma, al ser la negociación colectiva la única seguridad que tienen los trabajadores de que en su contratación se deben respetar, al menos, unos mínimos. Obviamente esta medida sólo es útil para empeorar las condiciones por debajo de esos mínimos, ya que no hay nada en los convenios que impida mejorarlas.

Reducción de jornada por causas económicas, el “modelo alemán”. El texto dice que la jornada “podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (…) A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo”. Los trabajadores tendrán derecho a la prestación de desempleo por las horas que dejen de trabajar en virtud de estos cambios. Las empresas que decidan aplicar estas reducciones no podrán hacerlo en tiempo superior a un año.

Personalmente creo que han desaprovechado la oportunidad de fomentar otros modelos de reducción y de flexibilización de la jornada laboral, u otras cuestiones como las excedencias temporales. Medidas que podrían ayudar a reducir un poco el desempleo, pero también a facilitar la formación y a mejorar la conciliación entre vida laboral y familiar, una asignatura pendiente en España.

Fondo de capitalización para contratos indefinidos. El Gobierno se ha comprometido a tramitar el Fondo de Capitalización para los trabajadores, que imita el modelo austríaco y que debe servir para abonar una parte de los despidos durante su vida laboral, como un proyecto de Ley en el plazo máximo de un año a contar desde el pasado junio. Este fondo deberá estar operativo el 1 de enero de 2012 y la voluntad del Ejecutivo es que no suponga un incremento de las cotizaciones empresariales.

Encadenamiento y penalización de los contratos temporales. Para acabar con el encadenamiento de contratos temporales el trabajador se hará fijo tras tres años si ha estado con dos o más contratos en el mismo puesto “o diferente” y en la misma empresa “o grupo de empresas”. Esto, de todas formas, ya se reflejaba en la mayoría de convenios sectoriales.

También se elevan en cuatro días por año trabajado, de ocho a doce, las indemnizaciones en contratos temporales, aunque esto se irá aplicando de forma paulatina hasta el año 2015. La intención, según dicen, es desincentivar estos contratos a favor de los fijos, aunque siguen teniendo una indemnización muy inferior a la de éstos últimos. Y, por cierto, los aumentos son paulatinos, pero los recortes son inmediatos.

Empresas de trabajo temporal como agencias de empleo. La nueva ley también modifica el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT), y considera intermediación laboral la que tenga consideración de “servicio de carácter público” con independencia del agente que la realice.

Esto equipara a las ETTs con los servicios públicos de empleo. Teniendo en cuenta que llevan tiempo reduciendo la capacidad de intermediación laboral de estos servicios públicos, parece que están preparando una privatización encubierta del antiguo INEM, de forma que acabe siendo necesario recurrir a una de estas empresas para encontrar trabajo. Previo pago, evidentemente, ya que son empresas privadas.

En cualquier caso, como la CEOE, la asociación de empresas de trabajo temporal también considera que la reforma no fomenta la contratación y no ayudará a crear empleo. Eso sí, su opinión de la huelga es aún peor: “incongruente, inoportuna, innecesaria e inútil, además de lesiva para los intereses del país, así como de los trabajadores y de las empresas”.

Mayor control a los desempleados. Los parados podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo superior a 30 días. Hasta ahora el límite estaba en 100 días.

Fogasa, el despido subvencionado. Además de los supuestos en los que se reducen las indemnizaciones, como otra vía para abaratar el despido la reforma también incluye que el Fondo de Garantía Salarial, que se nutre de las cotizaciones empresariales, pague 8 días de las indemnizaciones de despido por causas objetivas, tanto en los contratos ordinarios (de 45 días), como de fomento del empleo (33 días), así como el mismo abono para los despidos colectivos objetivos (de 20 días).

Esto, básicamente, significa que la práctica totalidad de los despidos en contratos indefinidos estarán subvencionados. Más concretamente: las empresas que no despidan subvencionarán a las que sí despidan, dándose la paradoja de que una empresa que mantenga su plantilla estará ayudando a otra de su competencia, con sus impuestos, a aumentar sus beneficios a base de despidos.

Generalización del contrato de 33 días de indemnización. Otro de los supuestos que implican el abaratamiento del despido. Hasta la reforma, existía una figura de contratación desde 2001, denominada Contrato de Fomento del Empleo, que permitía una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente y se aplicaba sólo a jóvenes de entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, mujeres desempleadas, personas con más de seis meses en el paro y discapacitados.

La reforma laboral ha ampliado enormemente el número de trabajadores a los que se puede aplicar esta figura de contratación, en lugar del contrato de 45 días de indemnización. Así, a los colectivos ya mencionados, se sumaron los trabajadores con más de tres meses en las listas del desempleo, los desempleados entre 31 y 44 años que se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente, a los desempleados que en los dos años anteriores hubieran estado con contratos temporales, y a los contratados temporales a quienes la empresa quisiera hacer fijos desde la reforma.

En todo caso, la reforma no tiene efectos retroactivos, y por lo tanto los trabajadores con contrato fijo ordinario mantienen sus derechos, esto es, los 45 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente. Pero es obvio lo mucho que afecta a los desempleados, que tendrán unas condiciones peores a partir de ahora, además de limitar las opciones de cambiar de empresa a quienes disfrutan del contrato anterior, para no perder sus condiciones.

Se facilita el despido por absentismo. Se rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual. Hasta ahora estaba fijado en el 5%. De esta forma se podrá despedir por absentismo a aquellos trabajadores que falten a su puesto de trabajo durante más de un 20% de las jornadas hábiles a lo largo de dos meses consecutivos, o el 25% si son cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año.

Despido por causas económicas. Probablemente el punto más conflictivo de la reforma. El texto incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas, como despidos procedentes, con 20 días de indemnización, en lugar de 45, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o simplemente tengan una persistente caída de ingresos.

En el primer borrador se especificaba que las pérdidas no deberían ser “meramente coyunturales” y el Gobierno abogaba por establecer que las empresas deberían tener un mínimo de seis meses con pérdidas. El decreto-ley amplió los casos al eliminar la palabra “pérdidas” del texto y no fijar un plazo mínimo en situación de crisis, pero se modificó en la ley incluyendo las “pérdidas actuales o previstas”, e incorporando un nuevo tipo por la “disminución persistente del nivel de ingresos”, aunque no se aclara el significado de “persistente”. La redacción final es la siguiente:

Se entienden que concurren causas económicas [para la procedencia del despido] cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente del nivel de ingresos.

Hay que recordar que este supuesto trata de personas que están realizando correctamente su trabajo, al reducir las indemnizaciones por improcedentes, no de despidos justificados por otras causas.

Hasta ahora, para poder justificar un despido colectivo con indemnizaciones reducidas (un ERE), una empresa necesitaba demostrar pérdidas reales y un plan de viabilidad que implicara la necesidad de esos despidos para sacar adelante a la empresa. Es decir, se trataba de que los despidos fueran un último recurso, al que se recurría tras intentar mantener la competitividad por otros medios.

Ahora, en la práctica, se permite que las empresas pueden financiarse a costa de despidos, y no sólo por perdidas, sino simplemente para mantener beneficios, sin requerir ningún otro plan de futuro y permitiendo que el despido sea el recurso más accesible en caso de “disminuciones de ingresos” coyunturales.

Como reflexión personal, con el regusto que me queda en la boca tras leer sobre el tema y escribir esta entrada, y conteniéndome, lo menos que me parece es lamentable.

Que los de siempre sigan pagando las consecuencias de una crisis que no ha tenido nada que ver con la protección a los trabajadores, ni en España ni en ningún otro país del mundo. Que no haya un atisbo de correcciones en un sistema que se ha degradado hasta permitir la peor crisis desde el crack del 29. Que ni se plantee una reforma del sector financiero, el verdadero causante de la situación actual. Que tampoco las reformas fiscales vayan encaminadas a crear un sistema más sostenible o más seguro, mucho menos a reducir unas desigualdades cada vez más evidentes.

En España, los beneficiados por nuestra burbuja particular han podido recoger beneficios para sus SICAVs mientras disfrutaban de planes E pagados con dinero de los impuestos de otros, de los mismos que están acabando en el paro. Alcaldes, concejales y otros parásitos que llevan años llenando sus bolsillos a base de recalificaciones ahora dejan ayuntamientos endeudados hasta las cejas, pero ellos no van a devolver un céntimo. La banca que ha fomentado esa situación por su interés, ocultando riesgos que han acabado reventándoles, ha tenido el privilegio de disfrutar de dinero público para poder mantener beneficios en lugar de pagar por sus errores, mientras exige a los hipotecados, los mismos que han pagado esos rescates, el pago de sus créditos bajo pena de acabar en la calle. Una patronal que debió extinguirse a finales del cretácico, junto a sus congéneres, fielmente reflejada en un líder cuyo mayor logro empresarial ha sido aumentar de forma significativa la tasa de paro, únicamente capaz de representar los intereses de grandes empresas, y que en plena bonanza económica exigía contención salarial ante el mutismo de unos sindicatos que han tenido la utilidad de un grano en el culo. Políticos, gobernantes, partidos e ideólogos sin la menor traza de vergüenza se pasaron una década vendiendo que no había ninguna burbuja, que los precios de la vivienda eran consecuencia de una economía fuerte y sana, y que no había riesgo de pinchazo, inútiles incapaces de fomentar otros motores económicos simplemente para diversificar el crecimiento, y que ahora no aceptan ni un ápice de responsabilidad por las consecuencias de las políticas que defendieron…

Y no se arregla nada de eso, lo que se reforma es el mercado laboral. Los que se recortan son los derechos de los trabajadores.

O no se entiende o se entiende demasiado bien. Lo mismo ocurre en otros países, da igual el signo político de sus gobiernos, las reformas parecen encaminarse a recortar el estado de bienestar y los derechos laborales o sociales, con la excusa de la crisis. A pesar de que los países en los que menos impacto ha tenido la crisis son, precisamente, los que disfrutan de mejores beneficios sociales.

Hace poco un anónimo escribió uno de los mejores comentarios que he leído últimamente en Barrapunto. Aunque hablaba de otro tema creo que es perfectamente extensible a éste, ya que trata del funcionamiento de la democracia. Cito una parte, aunque recomiendo leerlo completo:

Si no asumes el hecho de que el mundo no es una democracia sino que es un gobierno de los mas ricos y poderosos no lo entenderás nunca. En cambio si asumes que esto es una plutocracia y los políticos solo son las marionetas que dan la cara públicamente es mas sencillo que el mecanismo de un chupete. El político que le toque el turno de poder en cada momento y cada lugar tiene que hacer lo que le mande el amo.

Soberbio.

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